Las empresas están obligadas a avisar a los usuarios cualquier cambio en los precios o tarifas con una antelación a 60 días. El usuario en tal caso podrá optar por aceptar las nuevas tarifas o rechazar las mismas. En tal caso, las empresas deberán reembolsar el saldo disponible al usuario, siempre que la tarjeta no estuviese ya vencida.